Sí, los ministros y ministrables deben cumplir la ley como cualquier ciudadano, y por muy injusta que sea
La ley debería ser igual para todos, y debería funcionar.
Recién llegado a España, uno de mis profesores me comentó que ojalá aquí se hicieran las cosas como se hacen en los países del norte. Le repliqué que yo provenía, al parecer, de un país 'del norte', y que en mi país, al igual que en cualquier otro, existía el deseo de que se hicieran las cosas tan bien como las hacían en los 'del norte'. No fue difícil llegar a la conclusión de que todos buscamos el norte y que los únicos que de verdad lo encuentran mueren congelados.
El último que se ha lanzado a esa conquista ha sido el líder de Ciudadanos (C`s), Albert Rivera, que ha encontrado en Dinamarca o en Noruega, o en yo qué sé qué país, su El Dorado, que habría que copiar para poder ligar a las suecas. Sin embargo, tengo la fortuna de haber visitado a algunos de aquellos países, y por mucho atractivo que tengan -y lo tienen, de eso no hay duda- sus ciudadanos también encuentran muchas cosas de que quejarse. De si el papá estado ha sustituido a los valores más básicos de solidaridad entre seres humanos, de si ya no es necesario esforzarse y lo más importante es que las cosas funcionen más o menos, y muchas veces menos que más. Es decir, la mediocridad, Ikea Style.
La única conclusión que he podido sacar es que ningún país es perfecto, y que todos podemos aprender unos de otros. Y eso me lleva a desconfiar de los que denostan lo propio para intentar copiar a lo ajeno, porque sólo se puede construir partiendo de lo que ya tienes, y si lo que ya tienes lo destruyes, vas a tener que volver a empezar desde una posición de gran desventaja respecto a los demás. Una lección muy importante para los españoles, que tienen una sociedad muy antigua y que han podido cometer muchísimos errores a lo largo de la historia. Los suficientes como para poder aprender de su propia experiencia sin tener que desprestigiarla y plagiar a los modelos de unos países que hace apenas un siglo estaban abocados a la pobreza y que han conseguido todo lo que tienen a lo largo de unos pocos decenios.
El futuro del país no se encuentra, por tanto, en Oslo o Estocolmo, sino debajo de nuestros pies. Pero dicho eso, sí hay cosas que podemos aprender también de las experiencias ajenas. Y una de ellas es que la legitimidad de los estados no viene dada por Dios. Y las leyes son legítimas cuando la sociedad en su conjunto las percibe como justas y beneficiosas.
La dimisión del flamante Ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha generado algunas reacciones que ignoran esta norma básica de las supervivencia de las democracias modernas. Y es que unos cuantos comentaristas, entre ellos Salvador Sostres en el ABC, han defendido a Huerta porque, según sostienen, no es una persona corrupta y su relación con Hacienda ha sido la que hubiera tenido cualquier otro español en su lugar. Que a fin de cuentas todos intentamos pagar lo mínimo utilizando todos los resortes que tenemos a nuestro alcance, y que si nos pillan levantamos las manos y pagamos. Que no por ello hay que impedir que gente buena y con talento ocupe los más altos puestos del estado.
Mirando como está el patio, algo de razón tendrá. ¿Qué emprendedor del sector privado querrá ocupar un cargo público, a la vista de que casi todas las empresas españolas en algún momento han tenido algún roce con la Administración? ¿Cómo podemos tener talento en nuestro gobierno excluyendo a los que se han arriesgado levantando el país, aún si alguna vez han buscado algún truco para engañar al fisco.
Sin embargo, la respuesta, como diría Dylan, está soplando en el viento. Si las leyes no son justas, cámbialas para que así sean. Si no es posible levantar un negocio sin caer en las garras de Hacienda, diseña un modelo impositivo que sí lo permita. Si no se puede ser autónomo en este país sin tener que pagar más en impuestos que el dinero que ganas, ¿por qué sigue siendo España casi el único país del mundo donde esto ocurre? ¿Y por qué a los políticos no se les ocurre cambiar el sistema si no se puede ser político y cumplir la ley?
Máxim Huerta ha sido ministro. Se ha demostrado que incumplió la ley. Es decir, hizo lo que no debía porque se creía con el derecho de trucar el sistema para que funcionase a su favor. Como quien dice, "quien hace la ley, hace la trampa", creía conocer la trampa y tropezó. ¿Podemos tener en el Gobierno a alguien que ni siquiera respete el sistema tributario del país que quiere gobernar? No, en absoluto es admisible, y si con esta regla se descarta que el 80% de los españoles puedan ocupar puestos de responsabilidad en el sector público lo que habría que hacer es crear un sistema que fuera justo y ejecutable, y con el que cada ciudadano pudiera entender cómo se invierte cada euro en beneficio de su propio bienestar y el de la sociedad en su conjunto. Y que se haga cumplir. Sólo con esa mentalidad se podrá conseguir que se extienda el civismo, y que realmente se denoste a los que no paguen, porque su incumplimiento de las normas básicas de la sociedad nos acaba perjudicando a todos, a nuestra salud, y a la educación de nuestros hijos. Hasta que llegue ese día, caiga quien caiga, cualquier ministro que pillen incumpliendo la ley, por muy absurda que sea, debería dimitir. Porque ellos son los primeros que la podrían cambiar, y no lo hacen.
Recién llegado a España, uno de mis profesores me comentó que ojalá aquí se hicieran las cosas como se hacen en los países del norte. Le repliqué que yo provenía, al parecer, de un país 'del norte', y que en mi país, al igual que en cualquier otro, existía el deseo de que se hicieran las cosas tan bien como las hacían en los 'del norte'. No fue difícil llegar a la conclusión de que todos buscamos el norte y que los únicos que de verdad lo encuentran mueren congelados.
El último que se ha lanzado a esa conquista ha sido el líder de Ciudadanos (C`s), Albert Rivera, que ha encontrado en Dinamarca o en Noruega, o en yo qué sé qué país, su El Dorado, que habría que copiar para poder ligar a las suecas. Sin embargo, tengo la fortuna de haber visitado a algunos de aquellos países, y por mucho atractivo que tengan -y lo tienen, de eso no hay duda- sus ciudadanos también encuentran muchas cosas de que quejarse. De si el papá estado ha sustituido a los valores más básicos de solidaridad entre seres humanos, de si ya no es necesario esforzarse y lo más importante es que las cosas funcionen más o menos, y muchas veces menos que más. Es decir, la mediocridad, Ikea Style.
La única conclusión que he podido sacar es que ningún país es perfecto, y que todos podemos aprender unos de otros. Y eso me lleva a desconfiar de los que denostan lo propio para intentar copiar a lo ajeno, porque sólo se puede construir partiendo de lo que ya tienes, y si lo que ya tienes lo destruyes, vas a tener que volver a empezar desde una posición de gran desventaja respecto a los demás. Una lección muy importante para los españoles, que tienen una sociedad muy antigua y que han podido cometer muchísimos errores a lo largo de la historia. Los suficientes como para poder aprender de su propia experiencia sin tener que desprestigiarla y plagiar a los modelos de unos países que hace apenas un siglo estaban abocados a la pobreza y que han conseguido todo lo que tienen a lo largo de unos pocos decenios.
El futuro del país no se encuentra, por tanto, en Oslo o Estocolmo, sino debajo de nuestros pies. Pero dicho eso, sí hay cosas que podemos aprender también de las experiencias ajenas. Y una de ellas es que la legitimidad de los estados no viene dada por Dios. Y las leyes son legítimas cuando la sociedad en su conjunto las percibe como justas y beneficiosas.
La dimisión del flamante Ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha generado algunas reacciones que ignoran esta norma básica de las supervivencia de las democracias modernas. Y es que unos cuantos comentaristas, entre ellos Salvador Sostres en el ABC, han defendido a Huerta porque, según sostienen, no es una persona corrupta y su relación con Hacienda ha sido la que hubiera tenido cualquier otro español en su lugar. Que a fin de cuentas todos intentamos pagar lo mínimo utilizando todos los resortes que tenemos a nuestro alcance, y que si nos pillan levantamos las manos y pagamos. Que no por ello hay que impedir que gente buena y con talento ocupe los más altos puestos del estado.
Mirando como está el patio, algo de razón tendrá. ¿Qué emprendedor del sector privado querrá ocupar un cargo público, a la vista de que casi todas las empresas españolas en algún momento han tenido algún roce con la Administración? ¿Cómo podemos tener talento en nuestro gobierno excluyendo a los que se han arriesgado levantando el país, aún si alguna vez han buscado algún truco para engañar al fisco.
Sin embargo, la respuesta, como diría Dylan, está soplando en el viento. Si las leyes no son justas, cámbialas para que así sean. Si no es posible levantar un negocio sin caer en las garras de Hacienda, diseña un modelo impositivo que sí lo permita. Si no se puede ser autónomo en este país sin tener que pagar más en impuestos que el dinero que ganas, ¿por qué sigue siendo España casi el único país del mundo donde esto ocurre? ¿Y por qué a los políticos no se les ocurre cambiar el sistema si no se puede ser político y cumplir la ley?
Máxim Huerta ha sido ministro. Se ha demostrado que incumplió la ley. Es decir, hizo lo que no debía porque se creía con el derecho de trucar el sistema para que funcionase a su favor. Como quien dice, "quien hace la ley, hace la trampa", creía conocer la trampa y tropezó. ¿Podemos tener en el Gobierno a alguien que ni siquiera respete el sistema tributario del país que quiere gobernar? No, en absoluto es admisible, y si con esta regla se descarta que el 80% de los españoles puedan ocupar puestos de responsabilidad en el sector público lo que habría que hacer es crear un sistema que fuera justo y ejecutable, y con el que cada ciudadano pudiera entender cómo se invierte cada euro en beneficio de su propio bienestar y el de la sociedad en su conjunto. Y que se haga cumplir. Sólo con esa mentalidad se podrá conseguir que se extienda el civismo, y que realmente se denoste a los que no paguen, porque su incumplimiento de las normas básicas de la sociedad nos acaba perjudicando a todos, a nuestra salud, y a la educación de nuestros hijos. Hasta que llegue ese día, caiga quien caiga, cualquier ministro que pillen incumpliendo la ley, por muy absurda que sea, debería dimitir. Porque ellos son los primeros que la podrían cambiar, y no lo hacen.