¿Cuánto cuesta el DNI electrónico al Estado y al contribuyente?

Según una nota de prensa publicada por el Ministerio de Interior en febrero de 2006, el Estado asignó un presupuesto de más de 63 billones de euros para asegurar la financiación del proyecto de implantación del DNI electrónico en España durante el periodo 2005-2009. Una cifra que se suma a un importe de más de 11,6 billones de euros para un ‘acuerdo de colaboración’ para los años 2005-2006.

La cantidad invertida es, desde luego, astronómica, y más si se compara con los 10.000 millones de euros que se recortaron esta semana en sanidad y educación. No debe sorprender a nadie que estemos a punto de ser intervenidos. Ni Francia ni Italia cuentan con un sistema tan ostentoso y en muchos países, incluido Estados Unidos, el DNI sencillamente no existe.

Con estas cifras es fácil explicar por qué, cuando el gobierno de Gordon Brown propuso la introducción del carnet de identidad en el Reino Unido, con un sistema similar al que se utiliza en España, terminó perdiendo las elecciones. La diferencia es que allí el sistema no se iba a financiar sólo por medio de impuestos. En España la tasa por la renovación del DNI es una cifra simbólica de apenas € 10,20, por lo que el ciudadano no es consciente del valor real de la tarjeta que tiene entre manos, aunque sí la paga de manera indirecta. Cuando se reveló que los británicos iban a tener que pagar más de 100 libras cada uno por la expedición del carnet, y que esto sólo iba a representar una pequeña proporción del coste real, que se cifra en aproximadamente 300 euros por tarjeta, la indignación fue mayúscula y al final ganó las elecciones el conservador, David Cameron, en parte gracias a su promesa de abandonar tan faraónico proyecto.

Sin embargo, parece que aquí son pocos los que cuestionan el sistema aunque no parece existir evidencia alguna de que la posesión del DNI ayude a prevenir el fraude o el terrorismo. Tal vez se mantenga sólo por miedo a lo desconocido, aunque no por tener un carnet de identidad se ha conseguido reducir el fraude bancario. De hecho, en este capítulo España es el campeón de Europa.

Eso sí, la existencia del DNI es la mejor excusa para un fenómeno conocido en inglés como ‘racial profiling’, es decir, la costumbre que tiene la policía de detener a cualquier persona de apariencia extranjera y de pedirle que se identifique. Fui testigo de esta práctica hace apenas unas semanas en el Metro de La Elipa, donde en plena hora punta los viajeros latinoamericanos ni siquiera tuvieron que ser preguntados, tan acostumbrados estaban a que les pararan de esta forma tan vergonzosa en un país que se considera democracia y de primer mundo. Por cierto, en mi caso, como extranjero comunitario, ni se me acercaron.

Ahora que el dinero es escaso, tal vez los ciudadanos empiecen a tomar consciencia de cómo se gasta el dinero de sus impuestos, y quizás un día vean que tener que llevar los siete días de la semana una tarjeta plástica con chip sólo para poder demostrar que eres un ciudadano con plenos derechos tiene un coste inasumible, tanto a nivel económico como de libertad de movimiento. Y por cierto, tampoco estoy convencido de que sea un sistema seguro. Hay cada vez más evidencia de que la posesión del DNI aumenta la probabilidad de que te suplanten la identidad debido al riesgo de sustracción del documento.

                            

Hace tres años fui de vacaciones en tren por Europa, empezando en Madrid y terminando en Estocolmo. Una vez que había atravesado la frontera con Francia, no tuve que sacar mi pasaporte ni una sola vez en todo el viaje hasta que llegué al aeropuerto para el viaje de regreso. En cambio, nada más llegar a España, mi país de residencia, lo tuve que presentar para poder pagar la cuenta en un restaurante.

¿Es realmente necesario tanto control? ¿De verdad el DNI es más importante para el futuro de España que la educación o el sistema sanitario? A lo mejor es la primera área donde el Estado debe recortar. O por lo menos donde debe valorar si hay alternativas más prácticas y que requieran menos estado policial. Para el bien de todos habrá que estudiarlo.