Crónica de una inhabilitación anunciada

El desenlace estaba cantado. La envidia y los celos de las autoridades judiciales españolas por el estrellato universal del juez instructor, Baltasar Garzón, habían bastado para entorpecer su trabajo desde que, tras el arresto del General Pinochet en Londres en octubre de 1998, la Audiencia Nacional, con la complicidad del entonces Presidente del Gobierno, José María Aznar, obrara para evitar la extradición del ex dictador a España. Un hecho que no sólo hubiera perjudicado gravemente las relaciones comerciales entre España y Chile sino también habría creado un precedente que sin duda con el tiempo obligaría al estado español a rendir cuentas por los crímenes de su pasado franquista. Había que parar al juez utilizando todos los medios a su alcance.

A pesar de todo, tardaron 14 años en conseguir su objetivo, y el pasado 9 de febrero, el Tribunal Supremo inhabilitó al juez por 11 años en un fallo que ha sido criticado por los medios de todo el mundo, a pesar la reacción tibia en España, un país en el que apenas quedan medios de comunicación independientes. Aquí el consenso, entre todos menos los de la derecha más rancia que aplauden sin matices la decisión del Supremo, es que se trata de un hecho poco afortunado pero necesario, porque al fin y al cabo, Garzón no incumplió la ley al realizar escuchas a los imputados del caso Gürtel. Es decir que en España hacer justicia es suspender a un juez que persigue a los políticos corruptos y obligarle a pagar una multa de 2.500 euros a los criminales. No parece importar que las escuchas fueran realizadas por pedido de la policía judicial y con el consentimiento del fiscal, que se debían a la sospecha de que los abogados de los detenidos eran cómplices y que las comunicaciones se dirigían a blanquear dinero. Parece que ha habido importantes errores de procedimiento y Garzón sigue afirmando que no se tomaron en cuenta las pruebas que él mismo proporcionó, sin embargo, al menos en España se considera primordial defender a las instituciones y asumir que el que ha errado es el investigador.

Estamos, por tanto, enfrentados hoy a la brutal ironía de ver como el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, afirma que el Gobierno defiende la independencia de la justicia y que nunca hará comentarios políticos sobre un juicio, a pesar del carácter marcadamente político de este fallo. Como si en estos 14 años nadie en su partido hubiera hecho nada para influir en el destino del juez español más famoso del mundo. Hablar hoy de la independencia de la judicatura española es algo parecido a hablar de la capacidad de empatía de Jack el Destripador. Sencillamente, no existe.

Garzón recurrirá al Tribunal Constitucional, y posteriormente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, no hay muchas razones por el optimismo. El fallo contra el juez es sólo el último paso en la derechización de un continente, en el que la democracia en efecto se ha suspendido hasta nueva orden del FMI y el Banco Mundial. Mientras tanto, los militares griegos se preparan para tomar el control del Gobierno de su país tras una declaración de impago que ya se da casi por sentada y las fuerzas antidisturbios españolas enfilan sus armas para hacer frente a la violencia social que nos espera.

En este contexto, ¿qué autoridad hoy en día permitiría que se establecieran precedentes legales para que sus futuros crímenes puedan ser juzgados o para que se declare ilegal una amnistía que permitió que nadie rindiera cuentas por los crímenes a la humanidad? Tras 50 años de avances en derechos humanos, ha llegado el momento del retroceso, porque para los poderosos es lo que más conviene. Curiosamente, ahora la última esperanza de que haya un fallo a favor de las víctimas del franquismo está en Argentina, donde la justicia intenta devolver a los españoles el favor que le hizo Garzón al investigar las acciones de su propia dictadura militar, amparándose en la jurisdicción universal. Ahora que han criogenizado a la justicia española, han castrado a nuestros medios de comunicación,  y todos los poderes están controlados por el partido que más se beneficia de este fallo, el próximo paso será poner en orden al país de Cristina Fernández de Kirchner y acabar con la carrera de sus jueces más turbulentos, para que no quede ni el menor resquicio de voluntad popular y las élites puedan repartir los cada vez más escasos recursos de esta tierra sin el inconveniente de tener que consultar a sus clientes, perdón, conciudadanos. Y, en eso tienen mucha experiencia.