El interminable traspaso de poderes
Nos
quedan 10 días todavía para que Mariano Rajoy asuma, de manera oficial, el
cargo de Presidente del Gobierno de España. El periodo excesivo entre las
elecciones y la jura del cargo del nuevo mandatario ha generado, en esta
ocasión, una situación que roza el absurdo, hasta tal punto que, obligado por la
gravedad de la crisis europea y del euro, el presidente en funciones se ha convertido,
en efecto, en portavoz de Mariano Rajoy ante la Unión Europea.
No
sólo debe resultar humillante para un dirigente que durante siete años ha gestionado
el destino político de España tener la obligación, después de que su partido haya
sufrido una dura derrota electoral, de defender durante cuatro semanas ante los
organismos internacionales el programa de su vencedor. Esta extraña situación
también pone al país en una posición de debilidad en cualquier negociación
internacional y permite al equipo del presidente in pectore ‘echar la culpa al muerto’ cuando el resultado de las
negociaciones no es de su agrado, por mucho que los suyos lleven semanas
moviendo, con escaso resultado, los hilos de sus correligionarios en el Partido
Popular Europeo que gobiernan en la mayoría de los países de Europa.
Además,
es una situación bastante excepcional. Es comprensible que en un sistema
presidencial, como es el caso de la mayoría de los estados americanos, haya un
periodo más o menos largo entre las elecciones y la ceremonia de inauguración
del nuevo Presidente. Se trata, a fin de cuentas, del nombramiento del nuevo
Jefe de Estado. Tampoco resulta extraño que en una democracia joven como la
española se hayan establecido protocolos y normas constitucionales rígidas que
garanticen una transición ordenada entre un gobierno y otro. Sin embargo, tras los últimos comicios se ha venido demostrando suficiente madurez
democrática como para dar a entender que a efectos prácticos se podría realizar
el proceso en mucho menos tiempo, y sobre todo cuando el vencedor de unas
elecciones dispone de mayoría absoluta en el Congreso y, por tanto, no tiene la
necesidad de alcanzar pactos con partidos minoritarios.
En
el Reino Unido, el día después de las elecciones–siempre que el vencedor cuente
con suficiente apoyo en el Parlamento para poder gobernar, lo que no fue el
caso después de las elecciones de 2010–el primer ministro derrotado abandona
Downing Street por la mañana y unas horas después, tras una visita fugaz al
Palacio de Buckingham, el ganador saluda a las cámaras en las puertas del
número 10 como nuevo premier. En
Francia, el traspaso de poderes también es un proceso relativamente sencillo.
Lo complicado es un cambio de presidente pero lo sería también aquí una coronación
de un nuevo monarca. En Alemania, el canciller habitualmente tiene que gobernar
en coalición, por lo que las negociaciones suelen retrasar la formación de un
nuevo gobierno, pero una vez definida su composición el traspaso es rápido y
eficiente como sólo cabría esperar del país germano.
Parece
que en España tampoco hay grandes complicaciones y que la mayoría de las trabas
son constitucionales. Pues, si es así sería conveniente en un futuro próximo
reformar la constitución para evitar situaciones como la actual que transmiten
una imagen de una burocracia lenta e ineficaz que dista mucho de la realidad.
Por
lo menos, así nos ahorraríamos tener que leer o escuchar, para 10 días más,
editorial tras editorial de El Mundo y de Intereconomía, achacando todos los
males de España a los que hoy sólo llevan las riendas de poder a nivel
simbólico. Y por fin, podremos exigir que los que ahora sí ocupan el puesto de
mando rindan cuentas por su gestión y que Mariano Rajoy de una vez revele a los
ciudadanos su programa de gobierno que de momento lo conoce todo el mundo menos
los que le han votado.